Ponen a circular un manual didáctico que defiende los derechos de los periodistas en América Latina.

Una de las grandes amenazas a la libertad de prensa en América Latina es la alta impunidad de los ataques contra periodistas, por eso varias organizaciones han publicado una guía para operadores de justicia de la región.

Se trata de Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina, un manual didáctico de 39 páginas presentado en la Fundación Nacional para la Democracia de Washington.

Incluye temas como la violencia contra los periodistas, el acceso a la información y los retos de internet. La entrega didáctica además define cuáles son las limitaciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Como dice su prólogo, intenta “traducir de manera concisa y clara más de 70 años de jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión.

El material delinea una hoja de ruta para operadores judiciales de forma que puedan tomar decisiones que estén en línea con los estándares internacionales en materia de comunicación.

“Muchas veces los ataques a los periodistas consisten en llevarlos ante los tribunales, por eso tenemos que garantizar que los jueces puedan tomar decisiones informadas”, indicó la autora, Silvia Chocarro, periodista y experta en libertad de expresión.

La guía es una publicación de la oficina del Relator Especial para Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO y el Center for International Media Assistencia.

Y forma parte de una iniciativa más amplia destinada a formar a jueces de América Latina que UNESCO y la RELE lanzaron en 2014 y que ya suma más de 5 mil participantes.

“Las escuelas judiciales latinoamericanas se han comprometido a incluir la cuestión de la libertad de expresión en sus currículos”, anotó Lidia Brito, directora de la oficina de la UNESCO en Montevideo, desde donde se coordina el proyecto.

Las violaciones del derecho a la libertad de expresión incluyen espionaje, sentencias penales por difamación y desacato, restricciones de acceso a la información pública, limitaciones en nombre de la seguridad nacional, cierre de páginas web por contenidos de terceros, amenazas, violencia y asesinatos.